Luego de haber tenido una luna de miel durante la pandemia, las autoridades volvieron a exigirle a las inmobiliarias la retención del impuesto; ellos reclaman que todos jueguen con las mismas reglas.
Decenas de publicaciones dan cuenta del impacto que el covid-19 ha tenido en el sector turístico. Incluso, un informe publicado durante 2021 por las Naciones Unidas señala que el impacto de la pandemia en esta actividad costó cuatro billones de dólares a la economía mundial.
El gobierno uruguayo ha hecho frente a este embate con exoneraciones y beneficios al sector turístico local. Uno de estos paños fríos fue quitar la obligatoriedad de la retención de IRPF que las inmobiliarias tienen asumido desde el año 2007.
Al no verse obligadas a retener el impuesto, las empresas del sector no tuvieron que trasladar ese monto al precio final y, por lo tanto, fueron más competitivas. Sin embargo, en los inicios de una nueva temporada de verano, esa luna de miel se terminó.
Según informaron operadores inmobiliarios de Punta del Este, Piriápolis y Rocha, cuando en 2022 volvieron a apelar a la excepción, las autoridades se negaron, y nuevamente se vieron en la obligación de retener el IRPF por el arrendamiento de las propiedades.
Para Sena, esto les perjudicó porque los propietarios optan por alquilar directamente y no pagan ningún impuesto. “Nadie los persigue, solamente nos persiguen a nosotros que estamos inscriptos en la DGI, BPS, Ministerio de Turismo y Senaclaft”.
Consultado acerca de si han tenido reuniones con las autoridades por este tema, Sena afirmó que se pidieron reuniones con el Ministerio de Economía que no fueron concedidas.
Sin competitividad
«Hemos perdido el 90% de nuestro mercado de alquileres temporarios», afirmó el presidente de la Cámara inmobiliaria de Rocha, Richard Illa.
En su mirada, el problema principal no está en el IRPF, sino en la regulación del sector inmobiliario. «Los únicos que estamos bajo fiscalización somos las (empresas) establecidas, pero hay mucha informalidad, por ejemplo, con las aplicaciones y nadie hace nada», dijo el empresario.
Los operadores piden regulación y fiscalización. «Las casas frente al mar tendrían que tener muy buenos dividendos de IRPF, yo no he sentido fiscalizaciones y esas casas no están en las inmobiliarias; están en el mercado informal», subrayó Illa y añadió : “A nadie le gusta pagar impuestos y la inmobiliaria viene a ser la policía del tema IRPF. Perdemos competitividad”.
Finalmente, el operador apuntó que permanentemente denuncian al Ministerio de Turismo y reportan el tema a las autoridades. «Seguimos viendo cómo la gente denunciada sigue trabajando», dijo el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Rocha.
Mientras tanto, el proyecto de ley de operador inmobiliario se encuentra en el Parlamento desde julio de 2022. “La meta que tenemos es que esa ley se apruebe en este gobierno para empezar a regular”, concluyó Illa.
Fuente: El Observador
